Las denuncias por violencia de género aumentaron en España en el 2025 un 4,28%. La jueza Victoria Rosell, de la asociación Mujeres Juezas señala que no debe leerse como una mala noticia. Al revés. Manifiesta un paso adelante por parte de las mujeres, que no aceptan determinadas acciones en contextos, que a menudo son complejos de gestionar.
La mayoría de los casos de violencia de género se dan en el seno de la pareja. El hombre con el que has decidido compartir tu vida, el que probablemente sea el padre de tus hijos, es tu maltratador.
No todas las mujeres se encuentran en condiciones de poder denunciar a su pareja. En el fondo siempre subyace la idea de que puede cambiar o de que el hombre del que te enamoraste no era así.
La violencia de género suele ser un proceso que se va fraguando con el tiempo. Y que puede iniciarse con faltas de respeto, pero que poco a poco van alcanzando una mayor dimensión. Gran parte de las denuncias se realizan cuando la violencia está bastante avanzada.
Respecto a la pregunta de sí hay más violencia de género ahora que antes, es difícil de contestar. La sociedad ha evolucionado, y las mujeres ya no toleran determinados comportamientos que antes se admitían como normales. Por otro lado, con la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, y con el aumento de la conciencia y la lucha de las mujeres por defender sus derechos, se han exacerbado determinados comportamientos machistas que se pensaban superados hace tiempo.
Encontramos, por ejemplo, casos de violencia machista en parejas en las que los miembros tienen 20 años. Cuando pensábamos que a nuestros hijos los habíamos educado en otros valores.
La violencia de género se extiende por toda la sociedad. Atañe a todos los intervalos de edad y estratos sociales.
Un problema estructural.
Dupo, el diario de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, opina que la violencia de género es una expresión del sexismo inherente a la sociedad. No es que nuestra sociedad esté formada por personas sexistas o machistas. Si no que en ella se establecen relaciones desiguales contra las mujeres y otros colectivos, a los que se consideran vulnerables.
Según datos oficiales, en los 28 países miembros de la Unión Europea se revelan datos alarmantes de violencia de género. Una de cada tres mujeres europeas mayor de 15 años es víctima de violencia física o sexual, en algún momento de su vida. Una de cada cinco, experimenta algún episodio de violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja.
El 76% de la población española piensa que la discriminación de género es muy baja o inexistente. Pero la realidad arroja datos que desmienten esta creencia: la baja representación de las mujeres en los gobiernos, la brecha salarial, la desigual distribución de las tareas domésticas, y la persistencia de la violencia de género que deja cada año datos escalofriantes de muertes por violencia machista. En el 2025 fueron asesinadas en España 45 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Un ritmo de casi 4 al mes. Una a la semana.
Tras la violencia de género yace la idea de la propiedad. Piedra angular de la sociedad en la que vivimos. La mujer es propiedad de su pareja, como lo es la casa en la que vive o el coche que conduce. Por eso puede hacer con ella lo que quiere. Pero ninguna persona es propiedad de nadie. Si dos o más personas están juntas es porque quieren hacerlo libremente.
Por otro lado, a la mujer, históricamente, se le ha asignado el papel de dotar de descendencia al hombre y de cuidar el hogar. Mientras que el hombre es el que debe proveer de fondos y provisiones a la casa. El que paga manda. La mujer queda supeditada al hombre. Cuando la mujer rompe las reglas, la violencia se desata para intentar restaurar el orden anterior.
La violencia psicológica es el preámbulo.
No en todos los casos, pero sí en la mayoría, la violencia psicológica es la antesala de la violencia de género. Es más, muchos y muchas lo ven como una expresión de esta. Más sibilina, pero no menos dañina.
La desvalorización constante de la mujer es una forma de someterla bajo el poder del hombre. De hacer que permanezca por debajo. Actitudes como minimizar sus logros, hacer luz de gas cuando demanda la atención de la pareja y quiere comentar algo que atañe a su vida, que le gusta o que le preocupa, o lanzar reproches cuando hace algo que no agrada a la pareja, son algunas de las primeras manifestaciones.
Si estos gestos no se cortan, la mayoría de las veces estableciendo una comunicación sensata entre adultos, el desprecio puede evolucionar en bromas para ridiculizarla en público, insultos en privado y comentarios hirientes.
El control es otra de las manifestaciones de violencia psicológica. Decidir con quién puede o no relacionarse la pareja, revisar su móvil o su correo electrónico, o expiar su comportamiento en redes sociales, expresa un nivel de dominación, relacionado con el aspecto de la propiedad, que empieza a ser preocupante.
La violencia psicológica puede llegar a alcanzar límites infames. Como la amenaza de quitarles los hijos a la mujer, de dejar de pagar la pensión alimentaria para hacerle daño, en el caso de que estén separados, o de arruinarla económicamente.
En todos estos casos la mujer debe ponerse firme y dejar claro que no acepta ese tipo de relación.
Denunciar siempre.
Según la Ley Orgánica 1/2004, sobre Violencia de Género, la mujer es víctima de este tipo de violencia si se produce contra ella cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación de libertad, ejercido sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o hayan estado ligados a ella por relaciones sentimentales, aún sin convivencia.
A tenor de la ley, cualquiera de estos supuestos incurre en delito. Por lo cual, es denunciable. Para atajar este problema, el Estado pone a disposición de las víctimas el número 016, que funciona como teléfono y como por WhatsApp, para que las afectadas puedan denunciar los hechos, y encontrar apoyo para ver cómo afrontar la situación.
El abogado civil en Alcalá de henares Pérez Caballero, que dirige un bufete y se encarga de varias áreas del derecho como derecho penal, derecho de familia y violencia de género, opina que hay que denunciar siempre. Y buscar asesoramiento jurídico para valorar las medidas más adecuadas para proteger a la víctima.
Las medidas contra la violencia de género las decreta un juez. La Ley Orgánica 1/2004 puso en marcha los Juzgados de Violencia de Género que se dedican únicamente a tratar estos asuntos. Una denuncia interpuesta ante el 016 o ante la Policía Nacional puede iniciar de oficio un juicio. Pero siempre es conveniente que la víctima esté representada como acusación particular por un abogado.
Por desgracia hemos leído en la prensa el resultado de juicios de agresión sexual y violencia de género donde el fallo judicial ha sido demasiado complaciente con el acusado y no ha hecho del todo justicia con la víctima. Estas noticias ponen de manifiesto la necesidad de una buena asistencia jurídica.
Medidas de protección a las víctimas de violencia de género.
En función de la gravedad de los hechos o de la reincidencia del agresor, el juez puede dictaminar diferentes medidas que buscan proteger a la víctima y evitar la repetición del suceso. Estas son algunas de las más habituales:
- Orden de alejamiento. Esta es una de las medidas más recurrentes. El agresor tiene prohibido acercarse, normalmente, a más de 500 metros del domicilio de la víctima, lugar de trabajo y lugares donde suele hacer vida habitualmente.
- Prohibición de comunicaciones. El agresor tiene terminantemente prohibido comunicarse con la víctima por teléfono, por e-mail, por carta, por notas escritas, por Redes Sociales, por WhatsApp y por cualquier sistema de mensajería a fin de evitar amenazas y coacciones.
- Orden de protección integral. Esta orden pone en marcha todo un conjunto de acciones que buscan reforzar la protección de la víctima de una manera estable y continuada. Incluye acciones como la vigilancia policial.
- Prisión provisional. Cuando existe un alto riesgo de agresión o de fuga por parte del acusado, el juez puede dictar prisión provisional sin fianza hasta que se realice el juicio.
- Suspensión de la custodia y/o patria potestad de los hijos. Del mismo modo, si la pareja tiene hijos en común, el juez puede sentenciar la suspensión de los derechos del padre sobre sus hijos a fin de evitar la violencia vicaria. Violencia a la mujer ejercida mediante la utilización de los hijos.
- Dispositivos telemáticos de control. Con la intención de garantizar medidas como la orden de alejamiento, el juez puede colocar dispositivos telemáticos, como las pulseras electrónicas, que emiten una alarma cada vez que el agresor incumple la medida.
La polémica de las pulseras telemáticas.
En noviembre del 2024 saltó a la prensa la noticia de que un año antes las pulseras telemáticas anti-maltrato dejaron de funcionar o presentaron graves fallos durante un corto periodo de tiempo.
La revista digital Maldita.es aclara que todo se debió a un cambio de proveedor. Al traspasar la gestión de estos dispositivos, que funcionan con tecnología de telefonía móvil, de una empresa a otra, se produjeron cambios bruscos en la geolocalización del agresor. Es decir, el GPS de las pulseras facilitaba una información que no era real.
Esto se debió a un ajuste en el control y registro de los dispositivos, que debió preverse de antemano. Por suerte, la situación de descontrol no provocó víctimas, pero podría haberlo hecho.
Del 2021 al 2023, la empresa que realizaba la gestión y mantenimiento de las pulseras era Telefónica. Antes de que terminara el contrato, el gobierno sacó a concurso la gestión de los dispositivos. El concurso lo ganó Vodafone. Es cuando se traspasa todo el sistema de Telefónica a Vodafone cuando se produce el vacío informático.
Detrás de todo este problema estamos viendo una disputa entre grandes empresas de telefonía por hacerse con un servicio del Estado. El gestor cobra una cantidad cuantiosa de los presupuestos públicos por gestionar las pulseras telemáticas. Este es un aspecto que rara vez sale resaltado en la prensa.
Varias trabajadoras del Centro Cometa, el organismo que recibe las alarmas que emiten las pulseras telemáticas, y que luego pasan la información a la Policía Nacional o a quien corresponda, denuncian, en una carta abierta, que se realizó una gestión nefasta de la incidencia.
En su opinión, la gestión de las pulseras anti-maltrato debería ser pública. No se debería adjudicar a ninguna empresa privada.
También señalan que se intentó instrumentalizar el incidente. En lugar de buscar soluciones para evitar que se vuelva a repetir, se han visto acusaciones entre los partidos políticos, y entre el Ministerio de Igualdad y las empresas adjudicatarias para quitarse las responsabilidades de encima.
La gran mayoría de las personas que trabajan en la prevención de la violencia de género señalan que estas pulseras son efectivas, y que no hay que desconfiar de su uso. Lo que se debe hacer es una buena gestión de las mismas.
Con frecuencia, en el Centro Cometa reciben notificaciones como que la víctima o el agresor han apagado la pulsera, o se la han quitado, porque la ubicación es la misma durante días. En estos casos no se toma una actuación inmediata, como debería hacerse, para resolver la situación.
Cada vez la sociedad estamos más concienciados de la gravedad del problema. Ante la violencia de género debemos tomar una postura de tolerancia cero. Desde luego los partidos políticos y las administraciones públicas no deben retroceder en todo lo que hemos avanzado. No se lo debemos permitir. Pero la sociedad civil también cumplimos un papel en esta lucha.
Si alguien es testigo de un caso de violencia de género debe denunciarlo. El teléfono 016 no es solo para las víctimas. La equidistancia en estas agresiones no es imparcial.
